Las personas trans y sus familias en el caso de menores de la Comunidad de Madrid, nos vemos obligadas a dirigir nuestras quejas por vulneración de derechos en la Oficina del Defensor del Pueblo, ya que las distintas solicitudes de cumplimiento de la Ley 2/2016 del 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, cae en saco roto, manteniendo una actitud persistente y obstruccionista en la inacción de la ley, alegando en todo momento que no le corresponde ya que estas medidas no son de su competencia y eso a pesar de ver todos los días noticias en la prensa nacional del cumplimiento de normativas similares en otras comunidades autónomas, como Baleares, Andalucía, Canarias o la Comunidad Valenciana.

En la carta que entregaremos en la Oficina al Defensor del Pueblo de España, manifestamos lo siguiente “que a pesar igualmente de haber pasado un año de cualquier plazo prescriptivo que indica la normativa para su cumplimiento, de seis meses en la parte sanitaria y nueve meses para el resto de la norma, siguen en la misma actitud, con lo que las personas a las que se dirige esta ley (personas trans de la Comunidad de Madrid) no pueden ejercitar los derechos que se reconocen en ella, siendo un “papel mojado” y encontrándonos en un “limbo jurídico” sin poder reclamar a nadie su cumplimiento”

Igualmente, en la nota que se le remite a Don Francisco M. Fernández Marugan, se destacan diferentes puntos donde la Ley 2/2016 se incumple de forma flagrante, como con respecto a la descentralización sanitaria, dándose caso de negación a pacientes transexuales si no vienen por la Unidad de Genero, incumplimiento en la redacción e implementación de los protocolos hacia la identidad de género en los centros educativos, la no creación y conformación del Comité Consultivo, la negación a la expedición de la documentación administrativa que recoge el artículo 7 de la normativa, y no unos meros cambios en abonos transportes o bono joven, la no posibilitación de la documentación de régimen interno de los colegios en concordancia al sexo sentido, la no congelación de tejido gonadal antes de iniciar un tratamiento hormonal, no aplicación de sección específica en bibliotecas públicas en municipios de más de 20.000 habitantes, no realización de campañas de sensibilización hacia las personas trans tal como prescribe la Ley, no creación de programa marco para personas trans en grave riesgo de exclusión, estadísticas de la UIG, negación a la emisión del cambio de datos de las tarjetas sanitarias, cuando en Andalucía y al ampara de similar normativa ya han modificado los datos de 297 personas transexuales, o no presupuestar la Ley para el ejercicio económico siguiente a su entrada en vigor tal como ordena la normativa 2/2016, y así un reguero de artículos que la Comunidad de Madrid desde una desidia y obstruccionismo que congela la sangre y que se niega a cumplir.

Porque no queremos ser ciudadanas y ciudadanos de segunda clase, a las que sistemáticamente se les niega unos derechos que la Ley 2/2016 del 29 de marzo les asigna, imposibilitando el pleno desarrollo de niños, adolescentes y personas mayores trans. No queremos ser diferentes, queremos disfrutar de los mismos derechos que el resto de la sociedad madrileña en plena igualdad de condiciones, con una Ley que venía a hacer justicia histórica con el colectivo trans en esta región, pero que a pesar de estar en vigor y ser de obligado cumplimiento, contemplamos con desesperación como el Gobierno de la Comunidad de Madrid se niega a cumplir. Es por lo que desde todas estas razones este viernes registraremos una carta al Defensor del Pueblo de España pidiéndole su amparo y protección para que salvaguarde nuestros intereses como sujetos de derecho de la Ley 2/2016 del 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid.

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